La resolución del concejal Hugo Soto-Martínez avanzó por diez votos contra tres y representa, según funcionarios, la primera vez que la ciudad revoca designaciones discrecionales creadas bajo la Sección 41.18.
Esa norma prohíbe instalar campamentos a menos de 500 pies de lugares sensibles, como escuelas y bibliotecas, y posteriormente se amplió a parques, guarderías, pasos inferiores y áreas cercanas al río Los Ángeles. Soto-Martínez dijo que la medida cumple una promesa de campaña y que una consulta entre unos dos mil residentes cercanos mostró poco respaldo a las restricciones. Defensores de personas sin vivienda sostienen que la aplicación de la ley desplaza a la gente y rompe el contacto con servicios médicos y sociales. Quienes votaron en contra argumentaron que retirar las zonas puede dificultar la protección de espacios utilizados por niños y familias después de costosas limpiezas. El debate refleja la división sobre si priorizar sanciones o alojamiento y asistencia.
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