Sus acciones apuntan a la arquitectura del New Deal y la Gran Sociedad, pero difícilmente se detienen ahí. También está reescribiendo la ortodoxia republicana del presidente Ronald Reagan sobre el libre comercio y las alianzas internacionales sólidas. Todo ello con el objetivo de alterar radicalmente el papel del gobierno en la vida estadounidense y el sitio que ocupa el país en el mundo.
Para implementar partes de su visión, utilizó los servicios de la persona más rica del mundo, Elon Musk, para desmantelar la fuerza laboral federal, y sólo después de actuar sopesó si los recortes habían ido demasiado lejos.
Trump también ha declarado unilateralmente el poder de rehacer la alianza con Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, que en gran medida ha mantenido la paz durante casi 80 años. El presidente republicano ha efectuado declaraciones de emergencia extraordinarias para reescribir las reglas del comercio global, lo cual ha desatado pánico en mercados y capitales de todo el mundo. Y ha ordenado la deportación de migrantes a una prisión en El Salvador sin una revisión judicial previa.
Y lo que es más, le ha apuntado directamente al poder judicial, los medios, la salud pública y la cultura, intentando someterlos, y ha obtenido algún éxito sorprendente.
Muchas de sus acciones las prometió durante su campaña, pero las implementó con una agresividad contundente.
A continuación presentamos un vistazo a los primeros 100 días más trascendentales de una presidencia estadounidense desde la de Franklin D. Roosevelt.
Economía
Trump ha intentado someter la economía de Estados Unidos a su voluntad. Pero una fuerza permanece intacta: los mercados financieros.
El mandatario dice que a la larga el desenlace de sus aranceles será “hermoso”. Hasta ahora ha sido un trimestre difícil, en el que la confianza del consumidor ha caído en picada, los mercados de valores se han convulsionado y los inversores han perdido confianza en la credibilidad de las políticas de Trump. Se ha convertido en un tiempo de ansiedad en lugar de su prometida era dorada de prosperidad.
Trump ha logrado remodelar la economía a través del poder ejecutivo, en gran medida pasando por alto al Congreso controlado por los republicanos. Ha impuesto cientos de miles de millones de dólares en aranceles, incluidos a los dos mayores socios comerciales de Estados Unidos, México y Canadá. Los bienes chinos están siendo gravados a un 145% en total.
Las sanciones comerciales incrementaron las tensiones con la Unión Europea y provocaron que Japón y Corea del Sur se apresuraran a negociar. A pesar de la evidencia clara de la supremacía económica estadounidense, Trump alega que Estados Unidos ha sido estafado en el comercio.
El presidente dice que sus aranceles crearán empleos en fábricas nacionales, cubrirán el costo de un plan de recorte del impuesto sobre la renta que podría superar los 5 billones de dólares en 10 años, pagarán la deuda nacional de 36 billones de dólares y también servirán de influencia para renegociar el comercio en términos favorables a Estados Unidos. Pero sus aranceles podrían reducir en 4.900 dólares el ingreso disponible de un hogar promedio, según el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.
Trump ha utilizado su cargo para promover anuncios de inversión que aún no han tenido gran impacto económico. El mandatario habló de una inversión de 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial por parte de OpenAI, Oracle y SoftBank. Invitó a ejecutivos de Hyundai a la Casa Blanca para el anuncio de una nueva planta siderúrgica en Luisiana. Pero la construcción de fábricas disminuyó en febrero, y los analistas externos han incrementado la probabilidad de que haya una recesión este año.
Ha recompensado a los sectores del carbón y el petróleo a través de ataques a energías alternas, pero sus aranceles provocaron aumentos en el precio del acero y otros materiales que la industria energética necesita para expandir la producción.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha dicho que Trump asumirá pleno control y responsabilidad de la economía en los últimos tres meses de este año, cuando las políticas del gobierno hayan sido implementadas completamente.
DOGE
Trump prometió enfrentar lo que llamó despilfarro, fraude y abuso en el gobierno. Nombró a Musk para encabezar esa iniciativa.
Musk convirtió su plan para un Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) en una de las piezas más controvertidas y trascendentales de los primeros 100 días de Trump.
El empresario abordó la tarea con una mentalidad de magnate tecnológico: romper cosas, y luego ver qué se desea arreglar. Los despidos fueron generalizados e indiscriminados. Se eliminaron programas sin que se analizaran a fondo. Las consecuencias humanas les fueron dejadas a otros para que las resuelvan.
Inmigración
Reprimir la inmigración ilegal fue el himno de la campaña de Trump, y es el tema en el que tiene mayor apoyo.
Ha cumplido a través de la implementación de algunas de las políticas de inmigración más duras en la historia de la nación, incluso después de que las prometidas deportaciones masivas aún no se materializan.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes con un debido proceso limitado, y luego la usó para enviar a cientos de presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión en El Salvador, en desacato de una orden judicial.
Su gobierno se ha resistido a la orden de la Corte Suprema, emitida sin que se sepa de disidencias, de que debe hacer lo necesario para traer de vuelta a Estados Unidos al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien vivía en Maryland y fue deportado erróneamente a El Salvador.
Trump envió soldados a la frontera con México y deportó temporalmente a migrantes por medio de vuelos militares. Declaró que ciertas pandillas eran organizaciones terroristas extranjeras y les prohibió a los migrantes que arriban a la frontera sur solicitar asilo en Estados Unidos. Las autoridades convirtieron una aplicación implementada durante el gobierno del presidente Joe Biden llamada CBP One —que unas 900.000 personas habían usado con el fin de programar citas para ingresar legalmente a territorio estadounidense— en un mecanismo para instar a los migrantes a autodeportarse.
El gobierno se comprometió a poner fin a la ciudadanía por nacimiento para las personas que nacieron en el país, y a la vez propuso otorgar “tarjetas doradas” que permitirían a los extranjeros naturalizarse estadounidenses a cambio de 5 millones de dólares.
Funcionarios han intentado expulsar a migrantes de muchos países que habían recibido estatus legal temporal, y cancelaron los números de Seguro Social que algunos habían recibido legalmente, trasladándolos a listas de personas fallecidas.
Antes de hacerlo a El Salvador, el gobierno de Trump envió migrantes a la Bahía de Guantánamo, Cuba, mientras también requería que los canadienses se registraran al cruzar a Estados Unidos. Funcionarios presionaron al Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) para que entregara datos delicados de cientos de miles de personas que están en el país ilegalmente, lo que podría facilitar hallarlos.
Tribunales, jueces y el Estado de derecho
Trump ha dicho reiteradamente que acataría una orden de jueces federales. Pero eso no ha impedido que se hable de una posible crisis constitucional por desafiar a los tribunales.
Sus órdenes ejecutivas que remodelan el gobierno federal enfrentan más de 150 demandas sobre temas que van desde trabajadores federales despedidos e inmigración hasta derechos de las personas transgénero.
Los jueces han fallado en contra del gobierno docenas de veces, bloqueando partes de su agenda por ahora. El gobierno ha argumentado que los jueces individuales no deberían poder emitir mandatos judiciales a nivel nacional.
Trump emitió una exhortación extraordinaria para el juicio político de un juez federal que falló en su contra en el caso de migrantes venezolanos acusados de ser pandilleros. Eso provocó una inusual reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien no mencionó al presidente por su nombre pero declaró que el juicio político no es una respuesta apropiada a desacuerdos sobre decisiones judiciales.
El gobierno también ha contraatacado en tribunales, y rápidamente ha apelado varias órdenes ante la Corte Suprema de mayoría conservadora.
